De a pocos voy comprendiendo que “en política” hay que ser cuidadoso al escoger las batallas. No todas se pueden ganar. Pero hay algunas que simplemente no podemos perder como es el caso de la reforma universitaria –encarnada en la Ley Universitaria No. 30220– y puesta en efecto con vigor a través de su órgano rector, la Sunedu, atacada desde sectores de la izquierda y derecha en una unión que uno imaginaría contra natura.

En efecto, argumentando la necesidad de restablecer “la autonomía universitaria”, el Congreso de la República ha aprobado –en primera votación– alterar la composición de Sunedu. Parece poco, pero de la mano de otras propuestas, como la de dar una segunda oportunidad a universidades asociativas con licenciamiento denegado, la medida está encaminada a forzar hacia atrás las manecillas del reloj para volver a darle un papel protagónico a los rectores. Confío que, en segunda votación, mis colegas voten de acuerdo con su conciencia, alejados de intereses particulares o partidarios y le devuelvan la fe a una ciudadanía que descree del Congreso como un agente de cambio.

Pero defender a la Sunedu del actual embate no significa ni puede significar que se trata de una institución perfecta e inmaculada. Ciertamente, como toda entidad humana, es profundamente perfectible, más aún cuando existen algunos cuestionamientos que no carecen de validez, como el “extraño” caso de la UPAL que, hasta antes de su licenciamiento, era poco más que un business plan, sin local propio, sin alumnos, sin equipos ni sistemas, pero que una vez obtenida, aumentó en valor a tal punto que, poco después, se vendió por varios millones de dólares. Un acertijo envuelto en una caja de misterios.

Ahora, a pesar de atingencias como la que he señalado, lo cierto es que –en general– como consecuencia de la acción de la Sunedu han quedado “activas” las universidades, públicas y privadas que, como mínimo, han sido capaces de demostrar que cumplen con condiciones absolutamente básicas para asegurar la calidad universitaria. Además, se está viendo que van funcionando los mecanismos desarrollados para que algunas de las no licenciadas, luego de someterse a criterios de licenciamiento mucho más estrictos que los originales, obtengan la tan ansiada licenciatura, como es el caso reciente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).

Sin embargo, una verdadera reforma va más allá de la simple reestructuración del mercado de universidades públicas y privadas. Implica acelerar los esfuerzos para adecuar las universidades peruanas a la exigencia competitiva del globalizado siglo XXI. Y en este campo, hay prueba fehaciente de que algo se ha avanzado.

Antes de la Sunedu (2013), solo dos universidades figuraban en el ranking de las 1,000 mejores universidades del mundo: la UNMSM y la PUCP. Ambas en el puesto 601. Casi diez años después, entre las mil mejores, figuran: la PUCP (395); la UPCH (651700), y la UNMSM (8011,000). Pero lo más interesante es que cerca del puesto 1,000 tenemos otras cinco universidades: la Universidad Agraria La Molina, la Universidad del Pacífico, la UPC y la San Ignacio de Loyola, todas entre los puestos 1,000 y 1,200.

El factor principal de movilidad en los rankings es la producción intelectual –la investigación–, razón por la cual, desde un inicio, la Sunedu –consciente del enorme déficit en materia de investigación universitaria– puso el énfasis en la necesidad de aumentar el número de profesores investigadores, contar con equipos y laboratorios y con programas de investigación relevantes, así como con autoridades competentes. Mucho se ha avanzado, pero falta mucho por caminar: desarrollar carreras acordes con la rápida transformación del empleo en el siglo XXI, adaptarse a la educación híbrida y a las nuevas metodologías, y estrechar los lazos con los sectores público y privado para –bajo una óptica de búsqueda de soluciones de los Objetivos del Desarrollo Sostenible–caminar decididamente al tan ansiado desarrollo del país. Magister dixit.