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diario gestión, 17 de enero 2020

El viacrucis de la justicia

Publicado: 2020-01-17

En setiembre del 2017, una empleada del hogar —con el viejo cuento de la llamada telefónica en situación de dificultad— robó sin descaro objetos y joyas de mi departamento. Más grave aún, se llevó a Perseus, mi hijo perruno. Rescaté a Perseus gracias a las redes sociales, a una recompensa y al buen actuar de un joven cadete de policía. 

Lo pude recuperar pese a  la indolencia del cuerpo policial, quienes no movieron un dedo por recuperar mis pertenencias, de la exigencia de miembros de una comisaría de que les entregue a ellos la recompensa sin haber hecho nada y de la indiferencia de los señores fiscales a quienes les importó muy poco las abundantes evidencias que demostraban a las claras no solo la comisión del delito sino la culpabilidad de la acusada, registrada in fraganti por las cámaras del edificio. 

Dos años y  medio después sigo esperando la citación de la Fiscalía “para continuar las investigaciones”, la misma Fiscalía que en casos nimios pero mediáticos actúa con una velocidad que supera largamente la velocidad de la luz. 

Por este tipo de hechos, vividos  a diario por miles de peruanos, la mayoría no confía en el sistema de justicia, caracterizado por ritos y prácticas anacrónicas, excesivo formalismo, personal corrupto o profesionalmente mediocre, plagado de ineficiencia, desorden y escasez de recursos y sometido muchas veces al poder político de turno y/o a los intereses económicos dominantes. 

Pero la ciudadanía no solo  desconfía: el ciudadano común está consciente de su alto grado de indefensión frente al sistema de justicia, sistema que en teoría debería defenderlo, pero que en la práctica lo agrede. La reforma del sistema nacional de justicia es, por ende, una vieja y muy sentida demanda ciudadana.

Desafortunadamente, hasta hoy, las reformas al sector justicia han sido y siguen siendo solo de forma, sin lograr una transformación sustantiva del sistema. Algunas de dichas reformas enfatizan los cambios en el sistema de nombramientos judiciales, otras han tratado de renovar la legislación y los procedimientos administrativos, y también se han llevado a cabo purgas para limpiar el aparato judicial de elementos corruptos o sometidos a influencias. 

Pero el elefante en la vidriería,  en la práctica “la inexistencia del expediente electrónico”, sigue estando ausente en los esfuerzos por traer la justicia del siglo XIX en el que se encuentra —enterrada bajo cerros de expedientes físicos, moneda de curso de la corrupción judicial, con expedientes que se mueven al ritmo de quien más paga o más poder e influencia tiene— al siglo XXI de los expedientes digitales, con perfecta trazabilidad mediante tecnologías —como el blockchain— que hacen casi imposible la comisión de actos de corrupción. 

Una verdadera reforma,  que parta por hacer obligatoria la digitalización de los expedientes judiciales, requiere además que se ponga en valor el papel de la justicia como un servicio fundamental en un Estado de derecho. Esto implica, por un lado, una política de remuneración y condiciones de trabajo acordes con la importancia que para el Estado y la sociedad tiene la función judicial. Y por otro lado, un acelerado proceso de renovación institucional y generacional, que propicie el ingreso a la carrera judicial de profesionales jóvenes, bien capacitados y con verdadera vocación de servicio. 

Y finalmente, una verdadera  reforma judicial requiere garantizar la independencia y recursos del Poder Judicial. La justicia no es un lujo de país desarrollado. Es un pilar esencial de una verdadera política de desarrollo nacional.


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Economía Imperfecta

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