En los últimos momentos de su discurso presidencial, el presidente Vizcarra anunció su decisión de—haciendo uso de su prerrogativa presidencial—enviar al Congreso de la República un proyecto de ley (PDL) para el adelanto de las elecciones presidenciales, de abril del 2021 a abril del 2020, es decir, dentro de apenas 9 meses. De inmediato se han activado las neuronas de políticos, expolíticos y aspirantes a políticos con el fin de ver cómo sacan el mayor provecho de la nueva situación. A los involucrados les digo: no se apuren. El escenario más probable es que nada cambie y tengamos elecciones generales en el 2021. 

El camino trazado por el presidente en el proyecto de ley enviado al Congreso el miércoles pasado es por demás enrevesado y lleno de “improbables políticos”. ¿O acaso es probable que el mismo Congreso que ha protegido a rajatabla su derecho a la inmunidad irrestricta de repente acceda a autoliquidarse tan solo porque el señor Vizcarra ha decidido hacerlo?

Pero digamos que sí, que, aunque improbable, los congresistas deciden hacerse un harakiri y aprueban el PDL presidencial. En ese caso, la decisión deberá ser ratificada en un referéndum. Solo en caso de que la ciudadanía lo apruebe, tendremos elecciones anticipadas en abril del 2020.

Pero supongamos que el Congreso actúa de acuerdo con sus conocidos intereses y prácticas, y entrampan la aprobación del PDL o simplemente le dicen “no” al presidente. En este caso, uno pensaría que el señor Vizcarra—por un tema de orgullo, coherencia y responsabilidad debería presentar su renuncia. Pero esto también es políticamente improbable: en la lógica de antagonismo permanente en que se ha sumido el señor Vizcarra, “antes muerto que ver a Mechita con la banda presidencial”. Hay quienes, desde Fuerza Popular y sectores afines al partido naranja, especulan con la posibilidad de que renuncien tanto Martincito como Mechita —para recordar la forma tan cariñosa como el expresidente Kuczynski trataba a sus candidatos a vicepresidentes durante la ardorosa campaña del 2016— en favor del flamante presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Pero esto también es “políticamente improbable”. Ya la vicepresidenta Mercedes Aráoz ha señalado públicamente que tanto ella como el señor Vizcarra “fueron elegidos para el periodo 2016-2021”, al tiempo que aclaraba que nunca fue consultada sobre tan importante decisión, que es otra forma de decir que ella, simplemente, no tiene ni la más mínima intención de renunciar.

Así las cosas, los sucesos de los últimos días parecen una materialización en la vida real del viejísimo adagio romano “mutatis mutandis” (“todo cambia para que nada cambie”). Lo que sí ha cambiado definitivamente es la dinámica de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo: de aquí en adelante, no importa cómo se le mire, la institución de la Presidencia ha quedado disminuida y lo seguirá estando hasta que se instale en Palacio de Gobierno un presidente con verdadera vocación de poder y, sobre todo, con capacidad y deseo de ejercerlo con pasión, convicción, audacia, astucia y —de ser necesario— de manera implacable. Por ahora, la voz cantante la vuelve a tener el Congreso.

Los próximos dos años—suponiendo que se mantienen como improbables los improbables políticos ya señalados—tendremos una Presidencia paticoja, incapaz de impulsar reforma alguna, o siquiera de echar a andar el Plan de Competitividad, o el Plan de Infraestructura que con tan poco entusiasmo anunciara el presidente Vizcarra durante la hora y 31 minutos de su discurso previos a su anuncio de adelanto de elecciones.

Desafortunadamente, el señor Vizcarra olvidó que una de las definiciones de la “política” es “el arte de lo posible” y —aferrado a su visión de la política como confrontación permanente—ha preferido sumir al país en el terreno minado de la inacción y la incertidumbre. ¡Vaya forma de celebrar al Bicentenario!