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diario gestión, 12 de abril de 2019

A propósito de la prisión preventiva de PPK

“Probablemente, las intenciones del Ministerio Público son sanas y de carácter justiciero, pero sus acciones son con demasiada frecuencia parciales y arbitrarias”.

Publicado: 2019-04-16

Primero vinieron por Ollanta y Nadine, y yo no dije nada, porque yo no era humalista. Luego vinieron por Keiko, y yo no dije nada, porque yo no era fujimorista.Luego vinieron por PPK, y yo no dije nada, porque yo no  era pepekausa. Luego vinieron por mi, y no quedó nadie para hablar por mí”. 

Tal vez sea un sacrilegio parafrasear de esta manera el famoso poema “Primero vinieron” del pastor luterano alemán, Martín Niemöller, escrito para denunciar la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder, pero no se me ocurre una mejor manera para graficar— con suficiente dramatismo— el despropósito jurídico- institucional en el que se ha convertido el uso desmesurado y como regla de lo que en su esencia tiene carácter de excepción: la prisión preventiva. 

Ciertamente, frente a la grave crisis moral producto de descubrir —por segunda vez en lo que va de este siglo— las profundidades a las que ha descendido la corrupción en el Perú, es imperativo que la justicia sea “justiciera”, es decir, que respete y haga respetar la ley con severidad y rigor. Pero lo que hemos visto hasta ahora está muy lejos de ser la sabia aplicación de la ley con sentido de justicia. Y es que no hay necesidad de ser doctor en leyes para apreciar lo absurdo del razonamiento fiscal, donde con demasiada frecuencia uno es “culpable hasta que se demuestre lo contrario”, y a veces culpable, aunque se demuestre lo contrario. 

Para ejemplo basta un botón: en su “presentación de los elementos de convicción”, en el proceso que se sigue en contra del expresidente Kuczynski, se alega que existe peligro de fuga porque este no acredita arraigo laboral o domiciliario. Es decir, a la Fiscalía poco o nada le importa que el Sr. Kuczynski supere la barrera de los 80 años y, por lo tanto, no esté obligado a trabajar, como poco o nada le importa que tenga no una sino dos propiedades. Mientras tanto, al Sr. Jorge Luis Bernaola, chofer del expresidente, se le atribuye también la no acreditación de arraigo domiciliario “por no tener propiedad”. Es decir, tener o no tener propiedades no acredita nada, pero justifica todo, según los ojos con los que se mire. 

Algunos han tratado de ver en las acciones de los señores fiscales una gesta heroica: después de todo, en un país donde la justicia casi no toca a los “poderosos”, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez han logrado poner tras las rejas a dos expresidentes, y a la lideresa del partido Fuerza Popular. Un tercer expresidente, contra quien existen abundantes y apabullantes pruebas, logró eludir la justicia, y una exalcaldesa, contra quien también pareciera que hay abundantes pruebas, sigue su vida con casi total normalidad. Aun así, el consenso de “la ciudadanía furiosa” es que los fiscales Vela y Pérez, sencillamente, “no se casan con nadie”. 

Probablemente, las intenciones del Ministerio Público son sanas y de carácter justiciero, pero sus acciones son con demasiada frecuencia parciales y arbitrarias, y amenazan con terminar de desprestigiar a un sistema de justicia que—parafraseando a Manuel González Prada— constituye un organismo enfermo: donde se pone el dedo salta la pus. Mientras tanto, “la ciudadanía furiosa” continúa alentando la prisión preventiva, conceptualizándola como una forma correcta de “hacer justicia”. Así no se crea institucionalidad. Lo correcto es que la prisión preventiva continúe siendo un caso de excepción y que los implicados en todos estos casos de corrupción enfrenten los cargos en un juicio, con pleno respeto al debido proceso. Solo así, comenzaremos el largo camino de reconstrucción institucional: sin justicia verdadera no hay democracia.


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Economía Imperfecta

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