No existen curas milagrosas para uno de los males endémicos del Perú: la corrupción. Doscientos años de historia republicana y trescientos años de historia virreinal han incorporado en el ADN de la actual sociedad peruana una actitud por lo menos tolerante, cuando no admirativa de la corrupción—grande y pequeña— pero, sobre todo, de naturaleza gubernamental.

El comienzo del nuevo siglo nos puso al frente dos facetas de un mismo y terrible rostro: el uso abusivo del poder en beneficio propio en la forma del cogobierno cleptocrático de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y la obsecuencia, ambición desmedida y podredumbre moral de una cierta clase empresarial coludida con el poder de turno.

Al breve respiro que significó el Gobierno del presidente Valentín Paniagua, heredero de una tradición de servicio en nombre de un manejo honesto de la cosa pública, le siguió una secuela de gobiernos –Toledo, García, Humala, Kuczynski– que detrás de un manto democrático ocultaron una forma por demás tramposa de manejar el gasto y la inversión pública –con sus procesos amañados, de postores únicos, subastas inversas con adendas supuestamente “correctivas”– que han sido y continúan siendo develados en el marco de las investigaciones de los casos de Lava Jato, Lava Juez, Cuellos Blancos, etcétera.

Y que –muy probablemente– a medida que avancen las investigaciones, seguirán involucrando a gobernadores regionales, alcaldes provinciales y otros altos funcionarios, además de todos aquellos que o están presos o han tenido su breve paso por la prisión preventiva.

Ante esto, la respuesta ciudadana ha sido la protesta pública, y el endiosamiento de figuras que –vistas desde una perspectiva de normalidad– no han hecho sino cumplir, eso sí con gran valentía, sus funciones como fiscales o jueces en casos de “alta sensibilidad política”. Pero, de la mano de esta reacción de hartazgo frente a la corrupción, en lo más íntimo de la reflexión ciudadana queda siempre un cierto sabor fatalista: el pensar que no hay nada o que es muy poco lo que se puede hacer para eliminar la corrupción en el país. Y en este punto estamos más que equivocados.

Los economistas analizamos la corrupción desde la perspectiva de la existencia o inexistencia de incentivos o circunstancias que ayuden a que se generen “rentas económicas”, que no es sino una forma elegante de decir oportunidades para la corrupción. Desde aranceles prohibitivos, pasando por multas inaplicables, pero aterrorizadoras, hasta “permisos” que requieren “arte” para ser obtenidos, o procesos de selección “opacos”, o con requisitos que espantan a las mejores empresas en un ejercicio de selección adversa, hasta procesos de compra estatales a los que es muy difícil seguirles la pista, la corrupción en el Estado parece imposible de vencer.

Pero no es así. La tecnología del siglo XXI, en la forma de la “trazabilidad digital”–para ponerle un nombre a lo que se conoce como “blockchain”–tiene el potencial de iluminar las zonas grises de los procesos de compra públicas, el contrabando, la evasión tributaria y los cientos de intrincados procesos que conforman los proyectos de inversión pública como los que han sido la razón y motivo de los escándalos que podría convertir al Perú en el país sudamericano con el mayor número de expresidentes, exalcaldes, exgobernadores y ex altos funcionarios presos de América Latina.

La tecnología está siendo rápidamente adoptada en diferentes partes del mundo. A marzo del 2018 existían ya 202 iniciativas blockchain en 45 países, incluyendo a México, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Urge hacer uso masivo del blockchain en el manejo de la cosa pública. El país lo demanda.