La guerra de baja intensidad contra los medios se ha intensificado. Los ataques ad hominem a diversos periodistas han alcanzado niveles esquizofrénicos. Una cofradía activa de talentosos difamadores, que incluye a anónimos “trolls” digitales, periodistas y economistas dizque “independientes”, opinólogos y miembros del “nuevo oficialismo”, busca desacreditar a quienes, según su insano juicio, son enemigos jurados del Congreso, de Fuerza Popular, del Apra y amigos de los terroristas de Sendero Luminoso.

Según nuestros talentosos difamadores, los ataques a la “prensa mermelera”– en las edificantes y aleccionadoras palabras del presidente del Congreso, Luis Galarreta – se justifican plenamente. En su opinión, las empresas de medios son “corruptas”, y están llenas de periodistas “corruptos” acostumbrados a servir a empresas “corruptas ” como Odebrecht y a vivir de la publicidad estatal. Para ellos, la ‘ley Mulder’ –que prohíbe, y no regula la publicidad estatal–es, dependiendo de quien lo diga, un merecido castigo, un acto digno del Congreso en defensa del erario nacional o un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción.

El objetivo inmediato es desviar la atención, como hace el ladrón que al verse perseguido señala en una determinada dirección y muy suelto de huesos dice: “Por allí se fue el ladrón”. Los objetivos mediatos son reescribir la historia y erigirse ante la opinión pública como los verdaderos héroes de la lucha contra la corrupción. Y es que –a pesar de lo desordenada de la acción fiscal peruana– en el caso Lava Jato comienzan a sentirse pasos detrás de figuras consideradas hasta hace poco “los intocables” de la política nacional: la señora Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular, y el señor Alan García, dos veces presidente de la República y amigo o ex amigo de la familia Odebrecht.

En esta guerra fratricida no caben medias tintas. El ataque a los medios –producto de la frustración y el resentimiento– es real, coordinado y nocivo para la vida en democracia. La idea loca de convertir en corrupto a todo aquel que haya trabajado en forma circunstancial en una empresa que eventualmente se revela corrupta, como es el caso de Odebrecht, solo sirve para crear la sensación de que al final “todos somos corruptos”, y, por lo tanto, “nadie es corrupto”. Una lógica perversa intentada ya en la década de los 90.

La defensa del “Cuarto Poder”–los medios de comunicación– es un deber de todo ciudadano de bien. La democracia exige una prensa libre. Por ello, no resulta casual la correlación que existe entre regímenes corruptos, dictatoriales, autocráticos y demás, con restricciones, ataques directos y hostigamiento a periodistas y empresas de medios en diferentes partes del mundo.

La agresividad verbal o escrita–en claro intento de intimidación– por parte de personas directamente comprometidas en procesos de investigación, como el señor Luis Nava, no puede ser permitida. Su intento por equiparar la relación de “negocios” de su familia con Odebrecht –incluida la venta en términos por demás ventajosos de camiones que luego son alquilados por la empresa que los compró originalmente– con la simple actuación –pagada o no– como maestra de ceremonias por parte de la periodista Sol Carreño en un evento de la empresa Odebrecht es una muestra más del cinismo del que hacen gala los verdaderos enemigos de la democracia.

De allí que el silencio cómplice no sea una opción. Sin duda, el riesgo de caer en la mira de los “fujitrolls” hace que a algunos se les escarapele el cuerpo. La alternativa, sin embargo, es peor.