La señora Keiko Sofía Fujimori considera que el presidente Vizcarra “está mal asesorado” y que su decisión de presentar una “acción de inconstitucionalidad” contra la así llamada ley Mulder es un error. Yo creo que es ella quien está en un error y que en este, como en varios otros temas impulsados por Fuerza Popular en el Congreso de la República (la resistencia a regular las cooperativas, los esfuerzos por disminuir las multas a los cárteles empresariales, etcétera), la responsabilidad no recae en sus asesores sino directamente en la señora Fujimori, en su rol de líder del partido naranja.

La ley de marras ha sido presentada como un esfuerzo “por regular el gasto del Estado”, una pretensión claramente inconstitucional. Las decisiones relacionadas con los montos y la composición del gasto público —expresadas en el Presupuesto Anual de la República— corresponden al Poder Ejecutivo. Ciertamente, el Congreso tiene un papel decisorio a través de su aprobación o no del Presupuesto y de la política general del Gobierno, pero carece de autoridad constitucional para determinar a priori cuánto y en qué debe gastar el Gobierno de turno. Que se sepa, el sistema de Gobierno del Perú no es el Régimen Parlamentario. Por lo tanto, hace bien el presidente Vizcarra en plantear la inconstitucionalidad de la norma.

Sin dudas, hay mucho que hacer para elevar la eficiencia del gasto público. Hay duplicidad en el gasto, elefantes blancos, exceso de burocracia, poca transparencia y, probablemente, mucha corrupción. Llama la atención, sin embargo, que el primer objetivo de los esfuerzos “por regular el gasto del Estado” sea la publicidad en medios privados, habiendo tantos otros posibles “campos de acción”. Primero, porque no se trata de un gasto superfluo sino de una necesaria inversión para lograr que el Estado articule y comunique a las grandes mayorías su política nacional de gobierno, y que disminuya así la brecha que lo separa de la ciudadanía. Si gana las elecciones en el  2021, Fuerza Popular con seguridad apreciará tener esta facultad. 

Segundo, porque la participación del “gasto/inversión” publicitaria en relación con el gasto total del Gobierno apenas supera el 0.35% (2017: total gasto del Estado en publicidad = S/ 382 millones /gasto total del Gobierno = S/ 108,139 millones). Y, sin embargo, en vista de lo pequeño que resulta el mercado publicitario peruano, dicha participación significa el 14% de la torta publicitaria total. En el Reino Unido —tierra de la famosa, poderosa y omnipresente BBC de Londres, de propiedad estatal— el Estado invierte en publicidad en medios privados. De hecho, es el segundo mayor anunciador, detrás de Procter & Gamble. Sin embargo, sus cerca de 400 millones de libras esterlinas —unos US$ 530 millones— significan apenas el 1.8% del total de la torta publicitaria. 

Claro que los seguidores formales e informales de la señora Fujimori —congresistas, opinólogos, y hasta ciertos economistas “independientes”—no presentan así las cosas. Para ellos, se trata de torturar y distorsionar las cifras y repetir como un mantra: “un millón al día”, “no al subsidio de los medios mermeleros”, o –en las augustas palabras del secretario general de Fuerza Popular y director del Banco Central de Reserva del Perú, señor José Chlimper— “coima con factura”.

El objetivo final de la ley Mulder no es, como dicen sin remilgo alguno de vergüenza sus promotores, regular el gasto del Estado. El objetivo es debilitar financieramente a los medios de comunicación con el fin de cooptarlos. En los 90, el villano Vladimiro Montesinos —por encargo del padre de la señora Fujimori— cooptó medios corruptos de manera soterrada en una salita del SIN. Hoy el miedo a los medios los lleva a volver intentarlo mediante la prepotencia y la ley, siempre la ley.