Al ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, le gusta llamar a las cosas por su nombre. No le parece que un número inmenso de trabajadores (según algunos estimados, el 90% del total formal) no paguen el Impuesto a la Renta.

Según él, “el sistema tributario requiere que todos nos mojemos”. Tampoco le gusta el papel de la autoridad tributaria, la Sunat –la cual, según el ministro, antes estaba llena de “perros rabiosos”, pero que ahora parece más bien un albergue de chihuahuas –. Tan colorido lenguaje ha marcado “la previa” al partido que habrá de jugarse por la concesión de facultades legislativas en el Congreso de la República con el fin de poner en marcha UNA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA, la enésima reforma en lo que va del siglo.

El objetivo no declarado de la nueva reforma es revertir la caída de la presión tributaria, que el año pasado descendió hasta el 12.9% del PBI.

La reforma tributaria del ministro Tuesta se puede resumir en tres conceptos claves: i) revertir –aunque sea en parte– la reforma del exministro Alfredo Thorne, bajando umbrales de no tributación (ampliando, en consecuencia, la base tributaria) y eliminando los incentivos perversos para que las medianas empresas dejen de convertirse en “pequeñas” motivadas por menores tasas impositivas; ii) poner en debate la necesidad de eliminar un porcentaje importante de exoneraciones tributarias y beneficios y deducciones especiales, con el fin de mejorar la eficiencia y equidad en materia de tributación, siempre y cuando cuente con el suficiente apoyo político en el Congreso; y iii) atacar frontalmente la evasión y la elusión, esto es, por un lado, el no pago de obligaciones tributarias como son el IR y el IGV, y, por otro lado, el uso y abuso de vacíos normativos para reducir o disminuir “de manera creativa” el pago de impuestos.

Y hasta allí llegamos. Por lo menos, hasta la próxima “reforma tributaria”. Y es que, sin dudas, las medidas propuestas por el ministro Tuesta, si bien necesarias, son absolutamente insuficientes. Desde un punto de vista estructural, poco o casi nada cambia.

La política tributaria del Perú sigue siendo –y seguirá siéndolo después de las “reformas” del ministro Tuesta–exageradamente regresiva. Los impuestos indirectos–aquellos que pagamos todos independientemente del nivel de ingresos– seguirán siendo dos tercios del total, mientras que los impuestos relacionados directamente con el nivel de ingresos constituyen apenas un tercio, exactamente al revés de lo que sucede en los países de la OCDE.

La base tributaria –marginalizada cada día frente al crecimiento incesante de la informalidad– seguirá siendo insuficiente para solventar las necesidades de una sociedad que no ha internalizado la importancia y justicia de pagar impuestos. Los impuestos a las propiedades seguirán siendo una nota al pie de página, a pesar de que la proliferación de propiedades (inmuebles, autos, yates, etcétera) pareciera revelar una sociedad más afluente de lo que indican los pobrísimos niveles de recaudación por concepto del Impuesto  Predial. 

El Perú necesita una verdadera revolución en materia tributaria. Pero, para ser exitosa, la revolución tributaria requiere una ideología que haya sido previamente adoptada por la sociedad y que se resume en una palabra: legitimidad. La legitimidad en materia tributaria implica que quienes pagan impuestos conocen el destino y buen uso de los recursos. La burocracia estatal, los “elefantes blancos” y la corrupción generalizada son los mayores enemigos de la legitimidad tributaria. Atacarlos mientras se exige un mayor pago de impuestos es la manera correcta de encender la pradera y comenzar la revolución.