La fórmula para calcular el precio por hectárea de los bonos de la reforma agraria sigue generando controversia. En julio el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corrigió por tercera vez la fórmula para determinar el valor por hectárea que el Estado debe pagar a los bonistas de la reforma agraria a través del Decreto Supremo 242-2017, que fija el reglamento para el pago. 

Si bien con la nueva fórmula el precio por hectárea ha subido de S/.0 a S/.0.57, según la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), ésta señala que la metodología sigue siendo injusta por no ceñirse al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según sus cálculos, una hectárea tendría un valor de S/.3,089 si se aplicara el IPC. Ningún bonista de la organización, anuncia el economista vocero Carlos Anderson, se acogerá al nuevo reglamento. Anderson explicó esta situación a SEMANAeconómica.

¿Cuáles han sido las modificaciones del nuevo Decreto Supremo del MEF publicado en julio sobre el pago de bonos agrarios?

Vuelve a foja cero todo el proceso, lo cual va a tener consecuencias sobre los plazos porque deja sin efecto los tres decretos supremos anteriores: dos del 2014 y uno de febrero de este año. En julio del 2013, el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer una resolución que en lugar de estar en línea con su propia sentencia del 2001, en realidad va a contrapelo.

Esa sentencia [del 2001] decía que los bonos debían ser pagados de acuerdo con la teoría valorista. Es decir, los bonos no solamente debían mantener su valor inmanente y propio, sino que debía reconocerse el concepto de costo de oportunidad. La valorización al presente debía hacerse con esas consideraciones. La resolución del 2013 le da el poder al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que determine el método de pago y fórmula de pago.

¿Cuál es su crítica hacia la fórmula y las modificaciones que hizo el MEF con el reciente decreto?

El problema es tener una medida de carácter teórico sobre la valorización de un activo. La fórmula busca supuestamente reproducir el concepto de paridad de poder de compra: un tipo de cambio que mantenga el valor intrínseco a lo largo del tiempo. El problema es que cuando se desarrolla la fórmula da como resultado que el precio es igual al precio al cuadrado. Se lo señalamos al MEF y le dijimos que estaba mal hecha. Cuando se evaluaba cualquier bono con esa fórmula el resultado era cero.

Una de las consultas que hizo ABDA fue a Robert Summers y Alan Heston, padres de la teoría de paridad de poder de compra. Queríamos saber si la fórmula del MEF era una medida adecuada del tipo de cambio de paridad y respondieron que era cualquier cosa menos eso. Los resultados no tenían ningún sentido. El tipo de cambio oficial en 1983 era de S/.32 ó S/.33 y en la calle más de S/.40. Según la fórmula del MEF, el tipo de cambio en ese momento era de S/.900.

¿Pero la fórmula se mantiene igual en el último decreto?

El MEF ha corregido su fórmula en su aspecto más grosero. Cambió un número por un índice y eliminó el problema. La fórmula ya no te da cero, sino 0.057 por una hectárea. Mejoró un poquito, pero sigue siendo el mismo resultado. Este decreto es una admisión de la tontería que habían hecho en los últimos tres años. Pero además la metodología es injusta y llena de medidas inconstitucionales, comenzando por el hecho de que para que un bonista acceda al mecanismo, debía renunciar a enjuiciar al Estado.

¿Cuánto aumenta el valor de los bonos?

Veamos un bono en soles oro emitido con un valor nominal de S/. 1,250,000 de clase B, colocado en 1975 y con cupones cobrados hasta 1985. Con el decreto del 2014, nos daba un valor de S/.0.038. En el decreto de febrero, que mejoró la fórmula, el valor pasa a S/.0.062. Con la fórmula más reciente pasa a ser S/. 549.

Hay una mejora…

Sí, claro, ha mejorado un montón, pero ¿cuál sería el valor de ese bono si en lugar de utilizar esta fórmula de indexación se utilizara el concepto normal de actualización de valores en la economía, que es el Índice de Precios al Consumidor? El valor sería S/. 1,910,000. La brecha es increíble. Veamos cuánto significaría por hectárea aplicando [la fórmula del MEF]. ¿Se puede comprar una hectárea de tierra con S/.0.57?

¿Cuál es el impacto fiscal?

En el capítulo siete del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) hay una pequeña bomba. Éste viene con una carta del Consejo Fiscal, que dice que por primera vez se muestra un esfuerzo por darle transparencia al manejo de la deuda pública. En el capítulo siete hay toda una discusión sobre las deudas contingentes. Por primera vez hay una referencia, no a los bonistas nacionales, si no al tema de Gramercy [fondo que posee el 20% de los bonos agrarios. El MMM tiene la obligación de medir el posible impacto sobre el PBI si es que el Estado perdiera. La exposición máxima según el MMM es del 0.82% del PBI. Si lo que Gramercy pide es aproximadamente el 30% del total de bonos que están sin pago, entonces la exposición máxima [del pago de los bonos nacionales] sería de 2.1% del PBI. Todos los años el Estado emite alrededor de esa cifra en los mercados internacionales, alrededor de US 4,000 millones ó US$ 5,000 millones.

¿Pero qué alternativas podría tomar el Estado para pagar la deuda?

Nadie está pidiendo que se pague efectivo, que tendría un impacto directo. Esto se resuelve mediante la emisión de bonos soberanos de larga data, es decir, reemplazar deuda hoy con deuda que la voy a postergar y la voy a financiar en los mercados internacionales. Tampoco estoy diciendo que hagamos lo que hizo Argentina, que es emitir un bono a 100 años. Esto desmitifica el tema de que esto quiebra la economía nacional.

¿Qué esperan ustedes de los nuevos miembros del TC?

Deberían hacer un mea culpa y reconocer que la resolución de julio del 2013 fue irrita, porque fue una respuesta a presiones políticas evidentes. Queremos que esa resolución del TC se anule y que se cumpla con la sentencia del 2001.

Existe una denuncia por prevaricato interpuesta por los bonistas contra el expresidente del TC, Óscar Urviola, ante el Congreso. ¿Cómo va ese proceso?

Apoyamos la denuncia de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (ADAEPRA). Debería ser sometido a juicio y para que haya uno en la vía civil que haya primero una acusación constitucional en el Congreso. Estamos considerando presentar nuestra propia solicitud porque hay aspectos que la denuncia original no contempla.

También presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que se agotaran las instancias nacionales.

Este decreto lo que hace es ayudarnos más [en la denuncia]. ¿Cómo es posible que derogues extemporáneamente todo lo anterior? Más burla que esa no hay. El TC dijo en el 2013 que conminaba al MEF para dar fórmula y método de pago en seis meses y dos años para terminar el proceso. Tres años después han dicho que todo lo anterior ya no importa y que hay una nueva fórmula y estos son los nuevos procedimientos, que son absurdos porque dicen que el tiempo que demoren en autenticar [los bonos] no se computan. Estamos esperando la notificación Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que eso va a ser pronto. Denunciamos lo que está sucediendo: injerencia del Ejecutivo.

¿Cuántas familias están asociadas al ABDA?

Tenemos unas 500 familias asociadas. Pero independientemente de que hubiera una sola familia, el derecho no se anula por eso. A estas personas se les expropiaron tierras contra su voluntad. Se les pagó con un papel que representaba una minúscula parte de ese valor. Pero ni siquiera eso ha sido materializado. Del total de deuda que fue emitida, que legalmente fueron S/.15,000 millones, lo que está pendiente es el pago de S/.2,500 millones.

¿Los asociados de la ABDA van a acogerse al nuevo procedimiento del MEF?

Todo el mundo está escaldado. Ya nadie va a seguir ese proceso. Va a ser bien raro que alguien lo haga.

¿Están dadas las condiciones para que este gobierno pueda pagarles la deuda?

Lo políticamente correcto es decir que tenemos un montón de necesidades. En los últimos 40 años ha sido la misma historia. Este es un país de necesidades infinitas. Si nosotros nos dejamos llevar por ese criterio estas deudas nunca se van a pagar. Pero ese criterio no se aplica para las deudas soberanas que el Estado toma en el exterior. El Perú tiene una deuda como de US$40,000 millones y no da ese tipo de respuestas a los acreedores internacionales. Si este tema se ha movido no es por los bonistas nacionales. Se está moviendo porque hay amenaza de un arbitraje internacional.