Para muchos, este tema de la deuda agraria es un tema del pasado. Se equivocan. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha hecho del ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la piedra angular de su mandato. Ignora el presidente, que una condición esencial para el ascenso al estatus de país OCDE es el respeto irrestricto a la propiedad privada, al estado de derecho y a la prevalencia de la ley. Mientras la deuda agraria –lo que queda de ella– siga impaga, y el Estado –a través de diversos subterfugios– se siga burlando de los bonistas, no hay posibilidad real de ser un país OCDE.

El gran responsable “técnico”  de no lograr tan loable objetivo será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los responsables políticos serán –además del propio presidente Kuczynski– los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, y Ollanta Humala, todos los cuales ignoraron olímpicamente la sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de marzo del 2001 por la cual se exigía el pago de los bonos de la Reforma Agraria a su valor actual (la así llamada “teoría valorista”), es decir el valor original ajustado por la inflación y los cambios monetarios.

Desde el MEF, hasta ahora  habían podido decir: ¿Pero de qué se quejan los bonistas? ¿Acaso no existe un mecanismo de pago y una fórmula de pago que el MEF -basado en una resolución irrita del Tribunal Constitucional del 16 de julio del 2013- ha puesto en marcha a través de los decretos supremos 017 y 019 de enero del 2014? En efecto, dicho mecanismo de pago y fórmula existen -o existían- porque el 19 de agosto de este año el MEF emitió un nuevo Decreto Supremo, el 242, por el cual deja sin efecto los decretos supremos 017, 019 y el 034 (de febrero del 2017, que tres años después corregía los errores más flagrantes de la fórmula original) y aprueba el “Texto Único Actualizado del Reglamento de los Procedimientos conducentes al Registro, Actualización y Pago de los Bonos de la Deuda Agraria”.

Los bonistas se quejaban  porque la fórmula y el mecanismo de pago apuntaban a un nuevo engaño. Todo hacía indicar que los valores a ser derivados serían ínfimos. Pero no había forma de probarlo hasta que el MEF -por cuenta propia- accediera a “valorar” por lo menos un bono de la Reforma Agraria. Mientras no lo hiciera, todo quedaba en el campo de las especulaciones y quejas de los bonistas sin un asidero en la realidad pura y dura.

Pues bien, hace unos días,  finalmente, el MEF ha dado el gran paso: ha valorado los bonos de la deuda agraria de los señores Jaime Enrique Bazán Vidal, Rosario Vargas Mori y Fausto César Bazán Vidal, cuyas familias sufrieron la expropiación de 231 hectáreas de tierras agrícolas. Así, mediante Resolución Directoral No. 018-2017- EF/52.04, el MEF ha dictaminado que el valor actualizado de los bonos de la Reforma Agraria en posesión de la familia Bazán asciende a la extraordinaria suma de: dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco soles con 20 centavos!!!! Es decir, 10.6 soles por hectárea, o lo que es lo mismo: 0.01 centavo por metro cuadrado.

Esta es la primera vez que  el MEF les da a conocer a los bonistas en qué se traducen sus estrambóticas fórmulas. Ahora los bonistas podrán decir -con pruebas en la mano- que la fórmula y mecanismos de pago del MEF constituyen una burla más, un nuevo y nefasto precedente en la ya larga lista de vejaciones a las que han sido sometidos durante los últimos 40 años. Un nuevo acto confiscatorio, indigno de un país que pretende ser miembro del exclusivo club de países miembros de la OCDE.

Advertencia: Escribo esta  columna con el sesgo que implica ser vocero oficial de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA). Pero escribo con convicción. Con la convicción de estar defendiendo un tema de justicia elemental: el pago justo de una deuda que constituye una herida abierta en la débil institucionalidad peruana.