Reconozcamos lo difícil que es mantener el optimismo en el Perú, país de accidentadas y confundidas gentes. De nada sirve darle una mirada al vecindario latinoamericano para verificar que, en comparación, “las cosas no están tan mal”. Después de todo, y a pesar de todo, el PBI peruano crece a un ritmo del 3%, con inflación también de 3%, una moneda estable y –oh, coincidencia– déficit fiscal y comercial de alrededor del 3%, como señala el exviceministro de Economía Carlos Oliva en una reciente columna de opinión (“La economía del 3 por ciento”) en el decano de la prensa nacional, El Comercio.

A pesar de lo difícil del panorama  internacional, los apus económicos pronostican para el 2017 otro año de crecimiento económico débil –de alrededor del 4%–, con mínima inflación, y una relación sol/dólar razonable en vista del lento pero inexorable proceso de fortalecimiento del dólar. Pronostican también una ligera mejora en las cuentas externas. La gran duda, el mayor riesgo “macro”, viene por el lado fiscal, donde la apuesta es muy fuerte (¿reducción del IGV?) y donde existe el peligro de que el déficit esperado se le vaya de las manos al ministro Thorne. En síntesis, a pesar de los retos internos y externos, nada en lo económico anticipa un diluvio. Y, sin embargo, una catástrofe de este tipo no solo es posible el próximo año, sino hasta parece probable. La gran pregunta es: ¿será tal vez inevitable?

La razón detrás del pesimismo tiene  nombre propio: Odebrecht y su probable impacto sobre la vida nacional –un terremoto político-económico de grado 9 en la escala de Richter. A estas alturas ya nadie duda de que lo anunciado hasta ahora con respecto al Perú desde Nueva York –coimas por US$ 29 millones en tan solo dos casos mencionados– es apenas la punta del iceberg. Y nadie duda tampoco de que los tentáculos del escándalo Odebrecht se han de llevar consigo a “la creme de la creme” de la política nacional y de cierta tecnocracia corrupta enquistada en el Estado.

Incluso existe el riesgo de que algún  expresidente termine merecidamente en la cárcel y –dependiendo de la acuciosidad de los fiscales nacionales– existe también la posibilidad de que algún señorón de la clase empresarial muerda el polvo de la ignominia a consecuencia de sus no tan santas “relaciones de negocios” con Odebrecht.

De esta forma, los próximos meses  han de ser “candela”, como dicen los cubanos. Mal manejada, la tormenta política que se avecina puede derivar rápidamente en una crisis económica si la confi anza –tan vapuleada últimamente por el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo– finalmente se evapora, alejando cualquier posibilidad de recuperación de la inversión privada y, de paso, haciendo todavía más difícil revertir la apatía y parsimonia que caracterizan a la inversión pública. Sin inversión -pública y privada- no hay crecimiento, y sin crecimiento económico lo único que crece son el desaliento y el malestar ciudadano.

Nada de lo anterior es, sin embargo,  inevitable. Pero, se requiere determinación y sobre todo, anticipación política. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Kuczynski ha dado señales a veces contradictorias y/o tardías. Necesita afinar su accionar, erigiéndose en el adalid de los intereses del Estado peruano que tan burdamente han sido estafados por la(s) constructora(s) brasileñas y sus cómplices peruanos.

Además, el Gobierno del presidente  Kuczynski necesita reconocer que la situación se va a complicar aun más y actuar con decisión y transparencia. Las coimas de Odebrecht reveladas en el caso peruano se refieren tan solo a un par de ejemplos en un espacio de tiempo acotado, mientras que las “actividades” de su “división de operaciones estructuradas” datan del 2001, año en el que –paradójicamente– los peruanos recuperamos la democracia. 

El 2017 podría o no ser el año del  diluvio. Podría ser también el año que  puso fin a la impunidad.