Llego hoy a Londres en un día histórico: la libra esterlina -medida en relación a una canasta de principales monedas de los países con los que comercia- tocó hoy su punto más bajo desde que el Banco de Inglaterra comenzó recolectar estadísticas en 1900. 

La razón del pánico cambiario es la posición dura de la primera ministra Theresa May en torno a la ya anunciada salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el así llamado Brexit, a partir del anuncio hecho hace un par de días de que el proceso formal se ha de iniciar en marzo del próximo año con la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. 

Los mercados cambiarios temen que la posición negociadora de la primera ministra May sea innecesariamente dura y no logre el efecto deseado de una salida en los mejores términos posibles. Es decir, una salida que 1) no excluya al Reino Unido del mercado comunitario europeo, 2) que le permite al vital -crucial- sector financiero londinense, conservar las prerrogativas que le han permitido hasta ahora actuar como el centro financiero “par excellence” de Europa (en particular, el así llamado “pasaporte bancario”) y 3) un pago mínimo a la hora de dejar la Comunidad Europea en compensación por los compromisos presupuestarios asumidos por el Reino Unido. 

En cuanto a este último punto -el de los compromisos presupuestarios- el Financial Times publica hoy un detallado análisis de tales compromisos y contingencias y estima que en términos brutos suman unos 40,000 millones de euros, los cuales -una vez descontadas las retribuciones a las que el Reino tiene derecho- se reducen a 20,000 millones de euros. 

A menos que los 27 países miembros restantes de la Comunidad Europea hagan cuestión de estado y exijan que, además, el Reino Unido contribuya con un pago proporcional de las RAL (“reste a liquider”), esto es, de las promesas de gasto contenidas en el presupuesto multianual de la Comunidad Europea para el periodo 2014-2020, periodo que excede la fecha limite para la salida del Reino Unido, según lo anunciado por la primera ministra May, en cuyo caso el pago neto podría llegar a duplicarse. Ciertamente, el tema de la compensación económica que debe asumir a su salida el Reino Unido es un tema fundamental. Pero para los intereses comunitarios lo es también el de la inmigración como condición para el acceso comercial sin barreras. De los dos, el segundo resulta ser el más intrincado. 

Pero hasta aquí, solo hemos hecho un recuento de los costos formales del divorcio. Falta contabilizar los efectos no deseados de la grave incertidumbre económica en la que se encuentra sumido el Reino Unido, especialmente su impacto sobre la inversión privada doméstica y extranjera, sobre el empleo e indicadores claves del manejo macroeconómico como son la producción, la inflación y el tipo de cambio. Y lo mismo habría que decir de la incertidumbre política. Después de todo, a nadie se le escapa que quienes ahora negocian las condiciones para la salida, en su mayoría votaron por permanecer en la Comunidad Europea, con la notable excepción de Boris Johnson. Agreguemos los ruidos separatistas que vuelven a sonar en Escocia y entenderemos lo delicado del asunto. 

Por ahora, los habitantes de estas islas solo perciben la incertidumbre en los medios de comunicación y en las acusaciones, amenazas y llamados a la calma del estamento político. Pero más temprano que tarde tendrán que enfrentar las inevitables consecuencias económicas y políticas de una decisión que ha cambiado el curso de la historia milenaria de estas islas.