La herencia económica del gobierno del presidente Ollanta Humala ni es tan desastrosa como lo pintan los críticos de última hora, ni tan maravillosa como la presentó el Gobierno anterior en la recta final de su mandato. Es apenas mediocre. En pocas palabras, ni el déficit fiscal de 3% —contracíclico— es para cortarse las venas, ni el nivel de endeudamiento (25% del PBI) es el horror que se pretende que es, ni la tasa de crecimiento económico (4%) es típica de una “recesión”. Pero que se requiere un cambio, no cabe duda. Y cambio vamos a tener.

Los trazos fundamentales de la  política económica que busca impulsar el ministro de Economía y Finanzas, Sr. Alfredo Thorne, fueron largamente anunciados durante la campaña electoral, en particular la reducción de la tasa del IGV. Pero ni en la primera ni en la segunda vuelta tales trazos de política económica ni sus posibles efectos y consecuencias fueron analizados o debatidos con suficiencia, ni constituyeron un factor fundamental en la decisión del electorado. Los peruanos —ya lo sabemos— no votamos por planes de gobierno.

De allí que la discusión en distintas  comisiones del Congreso de la República con respecto al otorgamiento de facultades legislativas excepcionales haya sido, finalmente, beneficiosa, aunque esta haya sido presentada por la bancada oficialista casi como un capricho de la oposición fujimorista. La discusión en comisiones ha permitido que se afinen puntos, se aclaren dudas y se hagan explícitas posibles consecuencias, además de ser parte del ejercicio normal de la democracia.

Vistos en su conjunto, los cambios  propuestos en materia de tributación, lucha contra la informalidad y la corrupción, y de impulso al crecimiento de corto y largo plazo son de naturaleza casi revolucionaria. Y no lo digo por aquello de la “revolución social”, a la que a veces se refiere de manera casi casual el presidente Kuczynski. Lo digo porque el paquete de medidas como tal va a contrapelo de la ya casi sacrosanta idea de que “no hay que tocar el modelo”.

Lo cierto es que el modelo necesita  varios ajustes. Y esa es la propuesta de Peruanos por el Kambio: hacer una serie de “ajustes” al manejo de la política económica, sobre todo en materia de política fiscal —ya que la política monetaria y cambiaria continúa bajo el mando experimentado y sereno del Sr. Julio Velarde, por expresa decisión del presidente Kuczynski, y con la venia entusiasta del ministro Thorne.

En materia fiscal el ánimo propuesto  se aleja de una visión estrictamente fiscalista y recaudadora. Se pretende que “la nueva Sunat” no solo sea más amigable, sino que tenga un papel promotor de la formalización. Y se hace una apuesta no fuerte, sino fortísima, en el sentido de que la rebaja de impuestos indirectos (IGV) y de impuestos directos a los pequeños contribuyentes—tanto personas naturales como pymes—impulse la economía a través del renacer de la confianza, el emprendedurismo y el consumo y que, en poco tiempo, el mayor dinamismo de la economía revierta el impacto negativo inmediato que las medidas tendrán sobre los ingresos tributarios.

Se pretende también que la eliminación  del SNIP y el impulso a una ProInversión regional logren destrabar los proyectos e impulsar la inversión publica y, como extensión, animar la inversión privada, principalmente a través del impulso a las asociaciones publico-privadas (APP) y al mecanismo de obras por impuestos.

Todo lo anterior, ya lo hemos leído lo escuchado. Me refiero al público que regularmente lee Gestión. Ahora, es necesario “popularizar” los elementos claves de la nueva política económica, con el fin de lograr el mayor y mejor entendimiento de las medidas y —de tener éxito—, finalmente, el favor ciudadano.