Finalmente, luego de casi dos años, me llega un poquito de justicia en la forma de una “sentencia ejecutoriada y consentida” que me da la razón y ordena el archivamiento definitivo de la denuncia interpuesta en mi contra por el Sr. Alejandro Santa María, ex asesor de la presidencia del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Sentencia ejecutoriada y definitiva. Es decir, final y sin posibilidad de que mi acusador pueda plantear un nuevo “recurso de apelación”.

Ahora puedo decirle adiós al régimen de “comparecencia restringida” que me obligaba a ir a firmar cada mes al poder judicial. Con esta sentencia desaparece también la amenaza—no por absurda, menos real—que pendía sobre mi de una “condena privativa de la libertad” de hasta cuatro años en caso hubiera sido hallado culpable del delito de “ejercicio ilegal de la profesión de economista” en agravio de la Presidencia del Consejo de Ministro, al haber supuestamente accedido al cargo de Presidente de CEPLAN sin tener los merecimientos necesarios para ello.

La profusión de comillas en el párrafo anterior tiene una razón de ser: esta travesía kafkiana por la selva enmarañada del poder judicial me ha hecho casi un experto en materia de jerga legal. De tanto hablar con abogados, jueces y fiscales casi hablo y escribo como ellos. Vayan aquí las disculpas del caso. Imagino, sin embargo, que lo mismo le sucede a la gran mayoría de peruanos que asistimos pasmados a la “judicialización” de la política--en gran medida--por razones políticas. El famoso “J’accuse” de Emile Zola se ha transformado en nuestra versión vernacular en un interminable: “Yo te acuso, tu me acusas, nosotros nos acusamos, vosotros nos acusais”. Ahora estamos todos familiarizados con acciones de Habeas Corpus, resoluciones en primera y segunda instancia, prueba lícita (e ilícita), etc. Entendemos de inmediato cuando alguien habla de “quejar al juez”, “ordenar un peritaje”, o “pedir el archivamiento definitivo de una causa”. No nos inmutamos cuando los jueces hacen referencia a la tremenda “carga procesal” que los aquejas, etc.

Y como consecuencia indirecta de la judicialización de la política, vamos internalizando que “todos los políticos son unos corruptos” y todos los que quieren entrar en política son unos corruptos en potencia. ¿Y las instituciones? Corruptas. ¿Y los funcionarios públicos? Todos corruptos. Tenemos ahora la piel dura. Ya nada nos sorprende. Uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. En mi caso, durante casi dos años he tenido que aceptar la ignominia de una denuncia penal absurda que desafortunadamente ha dejado sus huellas en las páginas de Internet. Como sabemos, Google tiene una memoria larga, pero espero que la noticia del sobreseimiento de la denuncia en mi contra borre tan desafortunadas huellas.

Servir al Estado peruano en tiempos de una desenfrenada cultura de la desconfianza tiene sus riesgos. Pero el ataque artero, innoble, de los mediocres y simplones que se escudan en las ineficiencias e injusticias de un sistema judicial arcaico y presto al abuso del derecho y la razon no deberia ser jamas uno de ellos. Las denuncias frívolas y de claro tinte politico deben ser castigadas ejemplarmente. Los medios que propalan sin mayor reflexion, investigación o analisis este tipo de denuncias malintencionadas deben ser los primeros en reparar el daño hecho. El Estado peruano requiere más gente dispuesta a dar su tiempo y talento a la noble causa del desarrollo nacional. El temor a la denuncia frivola, políticamente motivada, desalienta a cualquiera, por más amor que se tenga a la patria.

Debo confesar que a mi me lo advirtieron. Y, la verdad, a pesar de todo, no me arrepiento.